No es justo que los jueces no tributen ganancias.
No es justo que un laburante que gana $5.000 mensuales tribute ganancias.
No es justo el Impuesto al Cheque.
No es justo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 21%.
No es justo el I.V.A. a la canasta básica de alimentos.
No es justo que luego de 8 años de crecimiento económico exponencial, la alícuota del I.V.A. no haya bajado ni un punto.
No es justo que las empresas mineras se encuentren exentas de diversos gravámenes fiscales (I.VA., Ganancias, Impuesto al cheque).
No es justo que la renta financiera no se encuentre gravada.
No es justo que el negocio del juego cuente con ventajas impositivas.
No es justo que al evasor se lo premie con moratorias y blanqueos mientras nunca se alivia la carga sobre el contribuyente que cumple con sus obligaciones impositivas.
No es justo que no existan mayores exenciones y beneficios para PYMES.
No es justo el unitarismo fiscal que utiliza a la coparticipación de recursos para disciplinar políticamente a los gobiernos provinciales.
No es justo que un Gobierno que se autoproclama progresista haya sostenido y siga sosteniendo un sistema impositivo profundamente regresivo. Esta circunstancia no es menor ya que desenmascara la brecha inconmensurable que existe entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana.
Resulta imposible pensar en una verdadera distribución del ingreso sin antes remediar las injusticias fiscales enunciadas. Evidentemente, la actual Administración tuvo tiempo para corregir las desigualdades sociales que se producen a partir del presente modelo fiscal. Sin embargo, nunca demostró voluntad política para hacerlo. Tampoco se encuentra entre su plataforma para los próximos años.
Mientras se agitan banderas de reforma constitucional, la reforma tributaria sigue pendiente. Ello revela que las prioridades del poder político se encuentran distanciadas de las del pueblo que pretende representar.
