viernes, 20 de abril de 2012

Procuradores Generales eran los de antes. Homenaje a Sebastián Soler

Mientras se debate si un hombre sin antecedentes profesionales ni académicos suficientes como Daniel Reposo debe ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, corresponde recordar que verdaderos juristas como Andrés D´Alessio, Juan Octavio Gauna o Sebastián Soler han estado al frente de la Procuración. Justamente, este post constituye un homenaje para el último.
A continuación se encuentra transcripto un extracto del brillante Dictamen del Dr. Soler en el recordado caso "Cine Callao". Resulta sorprendente la vigencia de sus palabras:

Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de atribuciones discrecionales para resolver problemas. Y entonces, consciente o subconscientemente, pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera sido substituido o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, cada sector de la comunidad exige, si está en juego su propio interés y es preciso para contemplarlo, que la autoridad recurra a cualquier desvío o exceso de poder. A cualquiera, no importa en qué medida, basta que sea idóneo para que la pretensión reclamada sea inmediata y favorablemente acogida; y así su concesión no comprometa el patrimonio estatal será más fácil y cómodo para el gobierno acordar lo pedido que denegarlo.
De esto se hace después una práctica. Así se va formando lo que se da en llamar "una nueva conciencia". Nada va quedando ya que sea pertinente por imperio de la ley o a través de sus instituciones, y el derecho se adquiere, se conserva o se pierde sin más causas que la propia voluntad del gobernante o la benevolencia sectaria con que hace funcionar su discrecionalidad.
El logro de cualquier aspiración, aunque se funde en el más elemental de los derechos, pasa entonces a depender de decisiones graciables. Incluso puede acontecer que el gobernante, cuya máxima función es asegurar el imperio de la legalidad, busque revestir sus actos de gobierno, aun los legítimos, de una generosa arbitrariedad, llevando así al ánimo del pueblo la sensación de que un sistema de derecho estricto no es compatible con el progreso.
El estado de derecho queda así suplantado por el caos de hecho. Desaparece la estabilidad jurídica y el pueblo, única fuente de soberanía, advierte, cuando es tarde, que la ha ido depositando paulatina y gradualmente, en manos de quien detenta el poder.
Para evitar que se llegue a tan lamentables extremos nuestra Carta Fundamental contiene diversas y acertadas previsiones, y la tarea de velar por su cumplimiento y hacerlas efectivas está asignada en última instancia al Poder Judicial. A él confía esa misión superior, y de su cabal cumplimiento depende, en definitiva, que las garantías constitucionales llenen su única finalidad: la de actuar como barreras infranqueables ante cualquier avance indebido de la autoridad. Ni a título de excepción, ni aun cuando considerado aisladamente uno de tales excesos pudiera tenerse por eficaz para atemperar un mal o para producir un beneficio, están los jueces habilitados para cohonestar los excesos de poder "in legibus salus".

viernes, 13 de abril de 2012

Adiós al oscuro debate sobre una coma. La Corte arroja luz sobre los abortos no punibles


En el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema, por unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, la Corte arroja luz en la interpretación del art. 86 inc. 2 del Código Penal. En rigor, aquellas mujeres violadas, sin importar su condición mental, podrán solicitar la interrupción del embarazo sin afrontar consecuencias de índole penal por ello.

El fallo constituye una guía moral para la solución de futuros casos análogos. Asimismo envia un mensaje a los médicos a efectos de que abandonen culaquier temor de ser perseguidos penalmente por efectuar abortos en casos de violación.



Tres reglas establecidas por el caso.

1) La Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

2) Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Se descarta la persecución penal sobre médicos que interrumpan embarazos productos de una violación. En consecuencia, la solicitud, de parte de un galeno, de una autorización judicial para practicar un aborto en las circunstancias señaladas será considerada una barrera al acceso a los servicios de salud y eventualmente será penada dicha conducta. El fallo bajo examen no brinda mayores precisiones sobre las posibles penas por obstruir el acceso a los servicios de salud.

3) Los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.


“Casos fabricados”.

Si bien la declaración jurada sobre violación como único requisito para habilitar el aborto, implica el riesgo que determinados individuos puedan actuar de manera irregular, esta circunstancia no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud. Aquellas mujeres que mientan en su declaración jurada, eventualmente podrán ser perseguidas por las sanciones del Código Penal.
 

Protocolos. Pautas para su instrumentación.

La Corte exhorta a autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica requerida.


Objeción de conciencia.

El fallo explica que deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la paciente. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual.




lunes, 9 de abril de 2012

 "Voy procurando romper el silencio, el milenario sepulcro del miedo"........Raly Barrionuevo

jueves, 5 de abril de 2012

Injusticias fiscales

No es justo que los jueces no tributen ganancias.

No es justo que un laburante que gana $5.000 mensuales tribute ganancias.

No es justo el Impuesto al Cheque.

No es justo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 21%. 

No es justo el I.V.A. a la canasta básica de alimentos.

No es justo que luego de 8 años de crecimiento económico exponencial, la alícuota del I.V.A. no haya bajado ni un punto.

No es justo que las empresas mineras se encuentren exentas de diversos gravámenes fiscales (I.VA., Ganancias, Impuesto al cheque).

No es justo que la renta financiera no se encuentre gravada.

No es justo que el negocio del juego cuente con ventajas impositivas.

No es justo que al evasor se lo premie con moratorias y blanqueos mientras nunca se alivia la carga sobre el contribuyente que cumple con sus obligaciones impositivas.

No es justo que no existan mayores exenciones y beneficios para PYMES.

No es justo el unitarismo fiscal que utiliza a la coparticipación de recursos para disciplinar políticamente a los gobiernos provinciales.

No es justo que un Gobierno que se autoproclama progresista haya sostenido y siga sosteniendo un sistema impositivo profundamente regresivo. Esta circunstancia no es menor ya que desenmascara la brecha inconmensurable que existe entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana.
Resulta imposible pensar en una verdadera distribución del ingreso sin antes remediar las injusticias fiscales enunciadas. Evidentemente, la actual Administración tuvo tiempo para corregir las desigualdades sociales que se producen a partir del presente modelo fiscal. Sin embargo, nunca demostró voluntad política para hacerlo. Tampoco se encuentra entre su plataforma para los próximos años.
Mientras se agitan banderas de reforma constitucional, la reforma tributaria sigue pendiente. Ello revela que las prioridades del poder político se encuentran distanciadas de las del pueblo que pretende representar.