lunes, 1 de septiembre de 2014

Proyecto de Ley sobre regulación de las relaciones de producción y de consumo

Proyecto de Ley PE 300/14.


ARTÍCULO 1o.- Sustituyese el artículo 1o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1o.- La presente Ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios -sus materias primas directas o indirectas y sus insumos- lo mismo que a las prestaciones -cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional- que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directamente o indirectamente-necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMES), de conformidad con lo previsto en la Ley N° 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyense los artículos 2o y 3o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por los siguientes:

“ARTÍCULO 2°.- En relación a todo lo comprendido en el artículo 1o, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos, a, b, c, d, e, f, y g del artículo 4°, la Autoridad de Aplicación podrá:
a)   Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;
b)            Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la Ley N° 11.683, T.O. 1998, y sus modificaciones;
c)             Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la Autoridad de Aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I)      Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.
II)Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación, en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación.
d)       Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;
e)       Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha obligación tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la Autoridad de Aplicación.
Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;
f)       Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;
g)     Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles;
h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;
i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los QUINCE (15) días hábiles del reclamo. En caso contrario quedará sin efecto la medida.

ARTÍCULO 3°.- Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma  de  Buenos Aires,   por sí  o  por intermedio de  los  organismos  y/o funcionarios    que    determinen,    podrán    fijar    —dentro    de    sus    respectivas jurisdicciones— precios  máximos  y  las  pertinentes  medidas  complementarias, mientras  el   Poder   Ejecutivo   o   el   organismo   nacional   de   aplicación   no  los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta Ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2o. Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación;quien deberá expedirse en el término de QUINCE (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local."

ARTÍCULO 4°.- Sustituyese el artículo 4o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 4°.- Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5o y, en su caso, en el artículo 6o, quienes:
a)        Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;
b)        Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
c)         Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;
d)       Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;
e)     Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;
f)     Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la Autoridad de Aplicación a tal efecto con CINCO (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda
g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y" habitual de una zona aotra sin causa justificada;
h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo,la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de preciosmáximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificadosque se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad,modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;
i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentaciónprevistas en el artículo 2o, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividadfuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2o, incisos h) e i) de esta ley,en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan lasdisposiciones reglamentarias;
j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de lasatribuciones que se confieren por los artículos y 3o de esta ley.”

ARTÍCULO 5°.- Sustituyese el artículo 5o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias,por el siguiente:

"ARTÍCULO 5°.- Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo4o, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a)   Multa   de   PESOS   QUINIENTOS   ($  500)   a   PESOS   DIEZ  MILLONES   ($10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de laganancia obtenida en infracción;
b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta NOVENTA (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;
c) Inhabilitación de hasta DOS (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;
d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
e)    Inhabilitación especial de hasta CINCO (5) años para ejercer el comercio y la función pública;
f)   Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores del Estado;
g)      Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso."

ARTÍCULO 6°.- Sustituyese el artículo 6o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 6°.- En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5o y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria."

ARTÍCULO 7°.- Sustituyese el artículo 7o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 7°.- Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:
a)       La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación; atendiendo en especial al capital en giro;
b)   La posición en el mercado del infractor;
c)        El efecto e importancia socio-económica de la infracción;
d)       El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;
e)       El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores."

ARTÍCULO 8°.- Sustituyese el artículo 8o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 8°.- Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5o inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer."

ARTÍCULO 9°- Sustituyese el artículo 9o de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9°.- Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlarla observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia sedicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, seránpasibles de una multa de hasta PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000)."

ARTÍCULO 10.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias,por el siguiente:

"ARTÍCULO 10.- La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normasque se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que porellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece ydemás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:
a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante,especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio delos testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o asu factor o empleado, que dentro de los DIEZ (10) días hábiles podrá presentar porescrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo,indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia delo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstanciasrelevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombradospodrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran alhecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;
b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos ysiempre que no resulten manifiestamente inconducentes;
c) La prueba deberá producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;
d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de CINCO (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo."

ARTÍCULO 11.- Sustitúyense los artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias,por los siguientes:

"ARTÍCULO 12.- Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantespodrán:
a)       Requerir el auxilio de la fuerza pública;
b)       Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;
c)        Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta TREINTA (30) días hábiles;
d)      Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;
e)     Clausurar preventivamente hasta por TRES (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor cursode la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo lainfracción. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de TREINTA (30) días por resolución fundada de la Autoridad de Aplicación;
f)   Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;
g)    Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los DOS (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente."

“ARTÍCULO 13.- En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.”

ARTÍCULO 12.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente."

ARTÍCULO 13.- Sustituyese el artículo 15 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación de lapresente  ley  en  el  ámbito  nacional,   con  facultades  para  dictar  las  normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.
Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la Autoridad de Aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la Autoridad de Aplicación, por el juez federal correspondiente.
A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza éste último con las primeras."

ARTÍCULO 14.- Sustituyese el artículo 16 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 16.- La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución; la Autoridad de Aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de DIEZ (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido."

ARTÍCULO 15.- Sustituyese el artículo 17 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 17.- En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente."

ARTÍCULO 16.- Sustituyese el artículo 21 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 21.- Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la Autoridad de Aplicación en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a CINCO (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación."

ARTÍCULO 17.- Sustituyese el artículo 22 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 22.- Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los TRES (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales."


ARTÍCULO 18.- Sustituyese el artículo 27 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 27.- Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la Autoridad de Aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5o. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan."

ARTÍCULO 19.- Sustituyese el artículo 28 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias por el siguiente:

"ARTÍCULO 28.- Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su reglamentación."

ARTÍCULO 20.- Deróganse los artículos 25 y 26 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, el artículo 15 de la Ley N° 24.765, y toda otra norma que se oponga o condicione el ejercicio de las facultades establecidas en la presente ley.


ARTÍCULO 21.- Comuniqúese al PODER EJECUTIVO NACIONAL

sábado, 23 de agosto de 2014

Bacqué

Esta semana falleció el Dr. Jorge Antonio Bacqué. Un verdadero jurista que tuvo importantes votos en fallos de la Corte Suprema. En esta ocasión y, a pocas semanas de la sanción de la Ley 26.944, que veda en todos los casos la indemnización por lucro cesante en materia de responsabilidad del Estado, me parece importante destacar la postura del Juez Bacqué al fijar el "criterio circunstancial" en el caso "Jucalán Forestal".


En ese caso, el Juez Bacqué que fija su posición frente a la generalidad de los casos pero a la vez da lugar al criterio circunstancial. En este sentido, Bacqué comenta que cuando el Estado provoca un daño por causas de interés público, no parece justo que el particular que forma parte de la comunidad descargue contra ella los daños sufridos. En la mayoría de los casos, el hecho de no satisfacer la indemnización por lucro cesante es un signo de conciliación entre los derechos individuales y el interés público. Sin embargo, el mencionado Juez destaca que el principio general de inadmisión del lucro cesante no debe ser aplicado mecánicamente, sin admitir excepciones y sin tener en cuenta las características particulares de cada caso.
En ciertas ocasiones, la exclusión del lucro cesante llevaría a un resultado claramente violatorio de la garantía constitucional de propiedad concluye Bacqué.

Desde aquí un modesto homenaje a uno de los tantos aportes que hizo a la ciencia jurídica.

viernes, 18 de julio de 2014

Principios de política ambiental

La Ley General del Ambiente establece los siguientes principios:


  • Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
  • Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir
  • Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
  • Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
  • Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
  • Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
  • Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.
  • Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
  • Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.
  • Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.
  • jueves, 3 de julio de 2014

    Dos miradas sobre la responsabilidad estatal

    Ayer se sancionó la Ley de Responsabilidad del Estado. Generalmente, las leyes tienen en cuenta la evolución de los precedentes judiciales de la Corte Suprema. Sin embargo, en este caso aparecen artículos que van en sentido contrario a lo decidido por nuestro Máximo Tribunal en distintos casos. En este contexto, hay dos miradas sobre la responsabilidad estatal, la del Poder Legislativo y la del Poder Judicial.
    Cabe interrogarnos acerca de la constitucionalidad de algunos de los artículos de la nueva ley que promete encender debates y polémica.
       
    La nueva ley establece que, en temas de responsabilidad por actividad lícita del Estado, no corresponde indemnizar el lucro cesante. Sin embargo, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha reconocido la indemnización por lucro cesante, definiendo a dicho rubro como las ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas.

    En el caso "Jucalán Forestal" aparece un interesante voto del Juez Bacqué que fija su posición frente a la generalidad de los casos pero a la vez da lugar al criterio circunstancial. En este sentido, Bacqué comenta que cuando el Estado provoca un daño por causas de interés público, no parece justo que el particular que forma parte de la comunidad descargue contra ella los daños sufridos. En la mayoría de los casos, el hecho de no satisfacer la indemnización por lucro cesante es un signo de conciliación entre los derechos individuales y el interés público. Sin embargo, el mencionado Juez destaca que el principio general de inadmisión del lucro cesante no debe ser aplicado mecánicamente, sin admitir excepciones y sin tener en cuenta las características particulares de cada caso.
    En ciertas ocasiones, la exclusión del lucro cesante llevaría a un resultado claramente violatorio de la garantía constitucional de propiedad.
    En el año 2005, la Corte ratificó el criterio circunstancial en el fallo “El Jacaranda”. En efecto, la extensión del resarcimiento debe atender las características particulares de cada situación. No existe principio para limitarlo al daño emergente.

    Otro de los artículos más criticados de la ley es la limitación de responsabilidad del Estado por los actos de los concesionarios de servicios públicos.

    En un reciente fallo, "Unión de Usuarios y Consumidores c/ EN", de fecha 24 de junio de 2014, la Corte pone de relieve que el deber de seguridad en el transporte de pasajeros es un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculen con la vida o la salud de las personas.

    En suma, las asimetrías entre las decisiones judiciales y el texto legal prometen nuevos debates jurídicos sobre la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.