El presente post no representa un dilema personal sino que intenta realizar un comentario sobre una situación extraña que puede llegar a suceder: el arrepentimiento del trabajador que luego de enviar el telegrama de renuncia, envia otra comunicación epistolar dejando sin efecto esa renuncia y hasta considerándose despedido.
El art. 234 LCT estipula "El despido no podrá ser retractado salvo acuerdo de partes".
La excepción que plantea el artículo sostiene que el empleador debe acordar la continuidad laboral del operario con este último, aunque sea de manera tácita. Esto sería que el empleado continúe prestando servicios en la empresa sin que nadie le prohíba hacerlo a pesar del telegrama de renuncia recepcionado.
"La renuncia produce, en principio, la extinción del contrato de trabajo, pero nada impide que sea retractada de común acuerdo de las partes (art. 234 LCT) ni tampoco que esa retractación sea tácita." CNTrab, Sala I, 26/11/87, DT, 1988-B-1101.
La renuncia tiene carácter recepticio conf. art 240 LCT.
"La renuncia al empleo es un acto unilateral y recepticio que, como tal, queda configurado y tiene efectos desde que la manifestación de voluntad del trabajador llega a la órbita de conocimiento del empleador destinatario." CNTrab, Sala IV, 23/5/84, DT, 1984-B-1106.
RODRIGUEZ MANCINI en su obra "Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social" opina lo siguiente:
"La renuncia al empleo es un acto esencialmente receptivo; por ello, sus efectos operan desde que se conforma con la llegada de la comunicación en la esfera de conocimiento del empleador. Consecuentemente, el acto no se lo puede retractar unilateralmente u otorgarle efecto retroactivo, suspenderlo o someterlo a condiciones sin un acto jurídico bilateral....."
El autor continúa diciendo que cuando se plantee la nulidad de dicha renuncia deberá producirse prueba concluyente.
"Dado que normativamente no se exige que la renuncia al empleo sea motivada, la ausencia de prueba sobre el motivo de dicho acto no puede trocarlo en ilícito y por lo tanto no puede generar ninguna responsabilidad indemnizatoria."CNTrab, Sala VI, 2/5/01, TSS, 2001-874).
Alejandro Segura en "Régimen legal de trabajo en edificios" comenta que la dimisión puede revocarse hasta el momento en que el empleador recepciona el telegrama respectivo. Esto, materialmente, se puede efectuar aunque el telegrama haya sido trasmitido, si en ese intervalo el trabajador lo anula.
Si las comunicaciones de renuncia y retractación son recibidas simultáneamente por el empleador, ésta anula la dimisión, atento a la incompatibilidad entre ambas manifestaciones de voluntad. C. Nac. Trab., sala 6ª, 3/3/1988, in re "Tersigni, Enrique v. Astilleros Corrientes SA", DT 1988-B-1276.
El 17/9/03 la Cám. Nac. del Trabajo, Sala 4, en el fallo "Caru, Elsa G. v. Valley Gifts S.R.L. y otros" determinó que la patronal debía abonar la indemnización. Cabe aclarar que la comunicación de despido directo fue recibida con anterioridad a la renuncia. Caso que es inverso al nuestro.
Otro fallo, dictado por la Sala 10 en 5/11/2004 en los autos caratulados "Behr Marcelo Enrique c/ Autopistas Urbanas SA s/ despido" dispuso lo siguiente:
"el correo informó a fojas 114 que ambas comunicaciones -tanto la dimisión como la retractación- fueron recibidas por la empleadora en forma simultánea el día 15-4-02 a las 10,56 horas, circunstancia que resta virtualidad y valor jurídico a la renuncia por haber sido retirada en el mismo momento en que entraba en la esfera de conocimiento, por lo cual no tuvo oportunidad de perfeccionarse.El empleador que recibe una renuncia retractada (que es lo que surge de comunicaciones simultáneas como las efectuadas en el caso particular "sub examine")) no puede consentirla porque la manifestación de la voluntad cierta de ruptura del subordinado ha sido dejada sin efecto, al igual que sucede cuando la comunicación de retractación llega antes que la renuncia."
Al art. 234 LCT podemos sumar como fuente legal los art. 874 y 875 Cód. Civil que son citados en algunos fallos sobre renuncia retractada.
El art. 875 C.C. dice: "La renuncia puede ser retractada mientras que no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, salvo los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su retractación."
Renunciar o no renunciar esa es la cuestión. Una vez tomada semejante decisión resulta complicado volver atrás.
sábado, 13 de marzo de 2010
jueves, 4 de marzo de 2010
Estado de sitio
Los hechos ocurridos en diciembre de 2001 van a ser siempre recordados con tristeza por todos los argentinos. En esa época reinaba el caos en el país. El Ministro de Economía Domingo Cavallo había declarado la retención de los depósitos bancarios, no había políticas sociales eficientes para enfrentar la pobreza, el desempleo y el hambre de una parte importantísima de la población, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionaba para que se cumpla el pago de la deuda externa y la imagen del gobierno nacional se encontraba completamente devaluada mientras el “riesgo país” se disparaba a las nubes. Siguiendo con los antecedentes más lejos en el tiempo que llevaron a la crisis social, debo mencionar como se debilitó el gobierno luego de la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez como consecuencia de las supuestas coimas en el Senado de la Nación y la inoperancia política del propio Jefe de Estado, Fernando De la Rúa. Además, la crisis económica logró que tengamos tres ministros de economía en tan solo 19 días. Machinea fue sucedido por Ricardo López Murphy, quién renunció rápidamente debido a que el gobierno no tenía voluntad de establecer sus medidas. En consecuencia hizo su aparición en escena Cavallo tal si fuera el héroe salvador pero terminó siendo uno de los villanos de turno más odiados por el pueblo.
Sin lugar a dudas, cualquier ciudadano que evoque los días anteriores a la Navidad de 2001 revivirá en su memoria la imagen de los saqueos a supermercados, la represión en la Plaza de Mayo, el helicóptero en la azotea de la Casa Rosada, la asunción de Rodríguez Sáa. Por otra parte, el objetivo de este sencillo y conciso informe periodístico y valorativo es arrojar luz sobre un tema que a la distancia no muchas personas recuerdan, el Estado de Sitio. Si bien esta suspensión de garantías constitucionales es de una enorme trascendencia institucional, en ese momento no tuvo repercusión en la sociedad. En realidad, el discurso del Presidente anunciando el Estado de Sitio fue disparador de la movilización del pueblo.
Nuestra Constitución prevé en el artículo 23 que pueda utilizarse esta medida en caso de conmoción interior por un plazo determinado. La declaración restringe las libertades fundamentales de nuestra Carta Magna de tal manera que quedan prohibidas la libertad de reunión y asambleas y de huelga y permite que las personas sean arrestadas y trasladadas de un punto a otro del país.
Es posible hacer una pequeña analogía de los hechos ocurridos durante esos días con lo acontecido durante el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín. En 1989 Rosario, Quilmes, Bernal y San Miguel fueron víctimas de saqueos en supermercados. Estos sucesos junto con la famosa hiperinflación significaron que el presidente radical dejara el poder seis meses antes de finalizar su mandato para que Carlos Menem se hiciera cargo de la dirección del país. Alfonsin declaró el Estado de Sitio y como nefasta consecuencia, el número de muertos y detenidos ascendió.
Volviendo al siglo XXI, vale la pena mencionar que en el momento de los disturbios y aún hoy existe un manto de dudas sobre el auge de los saqueos. Indudablemente había gente muriendo de hambre y reclamaba bolsones de comida para sobrevivir pero también es cierto que entre quienes reclamaban se ocultaban a plena vista activistas y militantes con intenciones de beneficiar a un sector político contando con el apoyo de este.
El Miércoles 19 de diciembre de 2001 la conmoción era tal que hubo una reunión urgente en la que todos los ministros pusieron su renuncia a disposición de De la Rúa. Entonces se intentó utilizar la renuncia de Cavallo (eje de gravedad del odio popular) como salvoconducto del gobierno. A las 22.15, De la Rúa anunció en su discurso por cadena nacional la dimisión del Ministro de Economía y declaró que regiría el Estado de Sitio por 30 días.
En teoría el Estado de Sitio tenía como fin frenar la creciente violencia y proteger el derecho de propiedad y la libertad de comercio. Sin embargo, una vez finalizado el discurso, la gente salió a la calle a manifestarse y a exigir un cambio. Así fue como nació el “cacelorazo”. Se cortaron avenidas, se encendieron fogatas, se cantaron canciones ofensivas hacia la clase política mientras que aquellos que no salieron a la calle acompañaban al ritmo de las cacerolas desde balcones y ventanas.
El decreto 1678 firmado por el primer mandatario daba a conocer al Congreso la suspensión de los derechos individuales. Como el Congreso estaba en receso, el presidente hizo uso de la atribución otorgada por el artículo 99 inciso 16.
El Partido Justicialista (PJ) respaldó la decisión del Presidente. Carlos Menem había convocado al Consejo Nacional del PJ y todos expresaron estar de acuerdo con el Estado de Sitio. La excepción fue Adolfo Rodríguez Sáa quién pidió que San Luis sea excluida del decreto aduciendo que todas las provincias deben aprobar esa medida.
Una información que se vio opacada por los sucesos de esa época es que Fernando De la Rúa pretendió utilizar como excusa el Estado de Sitio para restringir la libertad de prensa. Primero el Comité de Radiodifusión (Comfer) recordó que las licencias de las radios podían caducar en caso de que estas transmitiesen mensajes que provoquen intranquilidad. Luego, Gustavo López, titular del Comfer, denunció que Nicolás Gallo, secretario general de la presidencia, siguiendo órdenes directas del presidente, sugirió establecer una programación de “emergencia” en la cuál no se transmitieron imágenes de violencia. De la Rúa fundamentó su decisión argumentando que había medios que exageraban lo que pasaba y que agredían su persona mediante ridiculizaciones y comentarios ofensivos.
López llegó a un principio de acuerdo con Gallo por el cuál aconsejaría a los canales mostrar también lo que estaba haciendo el gobierno. Fue entonces cuando se comunicó telefónicamente con el ministro de Desarrollo social y le preguntó acerca de los planes de distribución de alimentos por siete millones de pesos anunciados por el vocero presidencial, Juan Pablo Baylac. Al obtener como respuesta que la plata no había aparecido decidió, indignado, presentar la renuncia indeclinable a su cargo.
El jueves 20 la situación se agravó. La anarquía reinaba en la Plaza de Mayo y la policía no tardó en comenzar a reprimir. Nadie respetaba el Estado de Sitio, ni los ciudadanos ni el Gobierno. El motivo de las facultades represivas es defender la Constitución, proteger al pueblo y no oprimirlo. Sin embargo el caos triunfó, hubo enfrentamientos y varias personas perdieron la vida ese día. Antes de renunciar, De la Rúa derogó el Estado de Sitio que había declarado menos de 24 horas antes.
Ramón Puerta se convirtió en presidente provisional de la Nación. Él calificó la decisión de levantar el Estado de Sitio de “poco feliz” porque la tensión social aún persistía. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan cuyos gobernadores pidieron a Miguel Ángel Toma, Ministro del Interior y Justicia del gobierno interino que se restablezca por diez días más como medida de prevención ante la posibilidad de nuevos saqueos. Esto sucedió el Viernes 21 de diciembre pero el Lunes 24 la realidad había vuelto a cambiar. Puerta ya no era más el presidente sino que había sido reemplazado por A. Rodríguez Sáa quién levantó el Estado de Sitio a pedido de los gobernadores de las tres provincias que lo habían requerido antes. La decisión fue argumentada bajo el pretexto de que la paz social volvía a regir en la Argentina de tal forma que quedaban reinstauradas las libertades públicas.
Alberto Zuppi, secretario de Justicia y Asuntos legislativos fue el encargado de preparar el proyecto para lograr la liberación de aquellas personas detenidas durante el Estado de Sitio y de esa manera cumplir una de las tantas promesas hechas por el nuevo presidente.
Los saqueos, la sublevación popular y la represión policial arrojaron un saldo de 27 muertes y más de 200 heridos. Las instituciones quedaron al borde del colapso.
El escepticismo en la clase política creció de una manera escalofriante.
La violencia, la corrupción, el hambre, la intolerancia, la falta de respeto por los derechos dejaron una profunda marca en la historia de la República Argentina. Esa marca aún no cicatrizó del todo pero es responsabilidad de todos que no se produzca ninguna otra herida tan grave sobre la superficie de nuestro territorio. Y no son palabras vacías. Cada uno debe aportar desde su lugar de ciudadano, respetando los derechos, participando en el sufragio, reclamando lo que es justo, apoyando las instituciones y fundamentalmente creyendo que con el compromiso de todos es posible construir un país mejor.
Sin lugar a dudas, cualquier ciudadano que evoque los días anteriores a la Navidad de 2001 revivirá en su memoria la imagen de los saqueos a supermercados, la represión en la Plaza de Mayo, el helicóptero en la azotea de la Casa Rosada, la asunción de Rodríguez Sáa. Por otra parte, el objetivo de este sencillo y conciso informe periodístico y valorativo es arrojar luz sobre un tema que a la distancia no muchas personas recuerdan, el Estado de Sitio. Si bien esta suspensión de garantías constitucionales es de una enorme trascendencia institucional, en ese momento no tuvo repercusión en la sociedad. En realidad, el discurso del Presidente anunciando el Estado de Sitio fue disparador de la movilización del pueblo.
Nuestra Constitución prevé en el artículo 23 que pueda utilizarse esta medida en caso de conmoción interior por un plazo determinado. La declaración restringe las libertades fundamentales de nuestra Carta Magna de tal manera que quedan prohibidas la libertad de reunión y asambleas y de huelga y permite que las personas sean arrestadas y trasladadas de un punto a otro del país.
Es posible hacer una pequeña analogía de los hechos ocurridos durante esos días con lo acontecido durante el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín. En 1989 Rosario, Quilmes, Bernal y San Miguel fueron víctimas de saqueos en supermercados. Estos sucesos junto con la famosa hiperinflación significaron que el presidente radical dejara el poder seis meses antes de finalizar su mandato para que Carlos Menem se hiciera cargo de la dirección del país. Alfonsin declaró el Estado de Sitio y como nefasta consecuencia, el número de muertos y detenidos ascendió.
Volviendo al siglo XXI, vale la pena mencionar que en el momento de los disturbios y aún hoy existe un manto de dudas sobre el auge de los saqueos. Indudablemente había gente muriendo de hambre y reclamaba bolsones de comida para sobrevivir pero también es cierto que entre quienes reclamaban se ocultaban a plena vista activistas y militantes con intenciones de beneficiar a un sector político contando con el apoyo de este.
El Miércoles 19 de diciembre de 2001 la conmoción era tal que hubo una reunión urgente en la que todos los ministros pusieron su renuncia a disposición de De la Rúa. Entonces se intentó utilizar la renuncia de Cavallo (eje de gravedad del odio popular) como salvoconducto del gobierno. A las 22.15, De la Rúa anunció en su discurso por cadena nacional la dimisión del Ministro de Economía y declaró que regiría el Estado de Sitio por 30 días.
En teoría el Estado de Sitio tenía como fin frenar la creciente violencia y proteger el derecho de propiedad y la libertad de comercio. Sin embargo, una vez finalizado el discurso, la gente salió a la calle a manifestarse y a exigir un cambio. Así fue como nació el “cacelorazo”. Se cortaron avenidas, se encendieron fogatas, se cantaron canciones ofensivas hacia la clase política mientras que aquellos que no salieron a la calle acompañaban al ritmo de las cacerolas desde balcones y ventanas.
El decreto 1678 firmado por el primer mandatario daba a conocer al Congreso la suspensión de los derechos individuales. Como el Congreso estaba en receso, el presidente hizo uso de la atribución otorgada por el artículo 99 inciso 16.
El Partido Justicialista (PJ) respaldó la decisión del Presidente. Carlos Menem había convocado al Consejo Nacional del PJ y todos expresaron estar de acuerdo con el Estado de Sitio. La excepción fue Adolfo Rodríguez Sáa quién pidió que San Luis sea excluida del decreto aduciendo que todas las provincias deben aprobar esa medida.
Una información que se vio opacada por los sucesos de esa época es que Fernando De la Rúa pretendió utilizar como excusa el Estado de Sitio para restringir la libertad de prensa. Primero el Comité de Radiodifusión (Comfer) recordó que las licencias de las radios podían caducar en caso de que estas transmitiesen mensajes que provoquen intranquilidad. Luego, Gustavo López, titular del Comfer, denunció que Nicolás Gallo, secretario general de la presidencia, siguiendo órdenes directas del presidente, sugirió establecer una programación de “emergencia” en la cuál no se transmitieron imágenes de violencia. De la Rúa fundamentó su decisión argumentando que había medios que exageraban lo que pasaba y que agredían su persona mediante ridiculizaciones y comentarios ofensivos.
López llegó a un principio de acuerdo con Gallo por el cuál aconsejaría a los canales mostrar también lo que estaba haciendo el gobierno. Fue entonces cuando se comunicó telefónicamente con el ministro de Desarrollo social y le preguntó acerca de los planes de distribución de alimentos por siete millones de pesos anunciados por el vocero presidencial, Juan Pablo Baylac. Al obtener como respuesta que la plata no había aparecido decidió, indignado, presentar la renuncia indeclinable a su cargo.
El jueves 20 la situación se agravó. La anarquía reinaba en la Plaza de Mayo y la policía no tardó en comenzar a reprimir. Nadie respetaba el Estado de Sitio, ni los ciudadanos ni el Gobierno. El motivo de las facultades represivas es defender la Constitución, proteger al pueblo y no oprimirlo. Sin embargo el caos triunfó, hubo enfrentamientos y varias personas perdieron la vida ese día. Antes de renunciar, De la Rúa derogó el Estado de Sitio que había declarado menos de 24 horas antes.
Ramón Puerta se convirtió en presidente provisional de la Nación. Él calificó la decisión de levantar el Estado de Sitio de “poco feliz” porque la tensión social aún persistía. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan cuyos gobernadores pidieron a Miguel Ángel Toma, Ministro del Interior y Justicia del gobierno interino que se restablezca por diez días más como medida de prevención ante la posibilidad de nuevos saqueos. Esto sucedió el Viernes 21 de diciembre pero el Lunes 24 la realidad había vuelto a cambiar. Puerta ya no era más el presidente sino que había sido reemplazado por A. Rodríguez Sáa quién levantó el Estado de Sitio a pedido de los gobernadores de las tres provincias que lo habían requerido antes. La decisión fue argumentada bajo el pretexto de que la paz social volvía a regir en la Argentina de tal forma que quedaban reinstauradas las libertades públicas.
Alberto Zuppi, secretario de Justicia y Asuntos legislativos fue el encargado de preparar el proyecto para lograr la liberación de aquellas personas detenidas durante el Estado de Sitio y de esa manera cumplir una de las tantas promesas hechas por el nuevo presidente.
Los saqueos, la sublevación popular y la represión policial arrojaron un saldo de 27 muertes y más de 200 heridos. Las instituciones quedaron al borde del colapso.
El escepticismo en la clase política creció de una manera escalofriante.
La violencia, la corrupción, el hambre, la intolerancia, la falta de respeto por los derechos dejaron una profunda marca en la historia de la República Argentina. Esa marca aún no cicatrizó del todo pero es responsabilidad de todos que no se produzca ninguna otra herida tan grave sobre la superficie de nuestro territorio. Y no son palabras vacías. Cada uno debe aportar desde su lugar de ciudadano, respetando los derechos, participando en el sufragio, reclamando lo que es justo, apoyando las instituciones y fundamentalmente creyendo que con el compromiso de todos es posible construir un país mejor.
sábado, 20 de febrero de 2010
DNU como sal en la herida
El Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09 (en adelante DNU) que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario y el DNU 18/10, génesis del Redradogate, pusieron en el centro de la escena la cuestión de la legislación delegada.
Nuestra Constitución Nacional dispone que el Congreso de la Nación posee como atribución principal la de legislar, prohibiendo la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Dicha prohibición encuentra su fundamento en el principio republicano de división de poderes.
El poder corrompe postulaba Montesquieu en “El espíritu de las leyes” y resulta fundamental a efectos de evitar la tiranía que exista una clara división de funciones entre los distintos poderes del Estado que permita un control recíproco.
Sin embargo la prohibición mencionada supra posee sus matices. El art. 76 CN, luego de la reforma de 1994, estipula que el Congreso podrá delegar la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo en determinadas materias de administración o de emergencia pública. En armonía con el referido artículo se encuentra el inciso tercero del artículo 99 CN que determina que el Ejecutivo únicamente podrá dictar DNU cuando resultara imposible seguir el trámite legislativo en el Parlamento debido a circunstancias excepcionales.
Es dable aclarar que el Ejecutivo se encuentra inhibido de legislar, a pesar de la urgencia, sobre cuestiones tributarias, penales, electorales y acerca de partidos políticos.
En síntesis la Constitución dispone como regla general que el Poder Ejecutivo no podrá convertirse en legislador bajo pena de nulidad absoluta e insanable y asimismo establece que excepcionalmente, cuando exista urgencia y necesidad, respecto de ciertas materias podrá adoptar ese rol.
En el reciente fallo 'Pinedo Federico -Inc. Med.- (8-1-10) y otros c/ EN - Dto. 2010/09 s/ proceso de conocimiento' se determina que los diputados de la Coalición Cívica y el PRO que plantearon la medida cautelar a efectos de impedir la disponibilidad de reservas para el pago de deuda externa se encuentran legitimados a ello.
En caso de que se ejecutara la decisión del Ejecutivo sin oír las voces de los representantes del pueblo, la función de estos se tornaría ilusoria.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal cita un precedente de la Corte Suprema a fin de recordar el espíritu de la última reforma constitucional respecto de los límites a la legislación delegada y la trascendencia institucional del respeto por la división de poderes: "los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones de gobierno, que constituyen uno de los contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido los arts. 23, 76 y 99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto proviene de abusos gestados en la concentración de poder. Considérese que la reforma fue fruto de la voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder judicial. En este sentido en el artículo 99 inciso 3°, segundo párrafo, contiene la regla general que expresa que en principio en términos categóricos: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo" (conf. C.S.J.N., in re "Verrocchi Enzo Daniel c/ PEN - ANA sí acción de amparo", del 19/08/99).-
Asimismo la Cámara plantea que de los propios considerandos del Dec. 2010/09 surge que no existe urgencia alguna puesto que el fundamento del considerando 33 rezaba "si estas acciones no se llevaran a cabo se podría constituir en un factor crucial que dificultaría el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo”. Semejante contradicción junto a la omisión de la defensa legal del Estado Nacional de mencionar la fecha de los vencimientos de deuda permite a las juezas Clara Do Pico y Marta Herrera asegurar que no se trata de una cuestión de impostergable necesidad que habilite a gambetear al Congreso.
Los motivos valederos para que el Ejecutivo legisle de emergencia estarían representados por una ruptura del orden público, una guerra, el descalabro económico generalizado y el aseguramiento de la continuidad y supervivencia de la unión nacional.
No obstante lo resuelto por la Justicia, actualmente existen tensiones entre los legisladores que buscan de manera incesante la derogación del DNU 2010 y aquellos que intentan lograr la mayoría que permita su aprobación.
No es ocioso recordar que dice la ley 26.122 que reglamenta los DNU sobre la aprobación de los mismos. La Comisión Bicameral Permanente cuya función radica en analizar la validez de la legislación delegada y debe elevar el dictamen plenario a cada una de las Cámaras. A su vez resulta imperioso señalar que el art. 82 de la Constitución Nacional dispone que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, excluyendo la sanción tácita o ficta.
¿Qué dice la Cámara Contencioso Administrativa respecto de la convalidación de la legislación delegada? El precedente “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. v. Estado Nacional” del 13/3/08, Sala II dispuso que no corresponde atribuir al silencio legislativo ningún efecto que convalide el decreto y el hecho de que el mismo haya sido aprobado únicamente por la Cámara de Diputados implica que no supere por su forma el control de constitucionalidad al que se lo sometió.
La cruzada por las reservas puso en el centro de la escena la cuestión acerca de la legislación delegada el pueblo comienza a notar los vicios de su abuso.
Se ha convertido en una práctica usual de aquellos que ejercen el poder utilizar esta herramienta cuando no existe necesidad ni urgencia, desvirtuando de esta manera el espíritu que originó la misma y vulnerando a todas luces el principio republicano de gobierno. Lamentablemente la excepción se ha convertido en la regla general en desmedro de las instituciones. Todo ello provoca de manera irremediable el escepticismo de la opinión pública en la política como arte de modificar la realidad.
¿Para qué molestarse en expresar la voluntad a través del voto en elecciones legislativas si luego el Príncipe sorteará el debate parlamentario mediante un decreto con sustancia legislativa?
Resulta imperioso revertir esta tendencia para recuperar credibilidad en el sistema de división de poderes y recordar todos los días que el Estado de emergencia es inversamente proporcional al estado de Derecho.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118261/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161506/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162676/norma.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=826493
http://www.clarin.com/diario/2006/06/26/elpais/p-01010.htm
http://www.pablomanili.com.ar/art_delegacion.php
Nuestra Constitución Nacional dispone que el Congreso de la Nación posee como atribución principal la de legislar, prohibiendo la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Dicha prohibición encuentra su fundamento en el principio republicano de división de poderes.
El poder corrompe postulaba Montesquieu en “El espíritu de las leyes” y resulta fundamental a efectos de evitar la tiranía que exista una clara división de funciones entre los distintos poderes del Estado que permita un control recíproco.
Sin embargo la prohibición mencionada supra posee sus matices. El art. 76 CN, luego de la reforma de 1994, estipula que el Congreso podrá delegar la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo en determinadas materias de administración o de emergencia pública. En armonía con el referido artículo se encuentra el inciso tercero del artículo 99 CN que determina que el Ejecutivo únicamente podrá dictar DNU cuando resultara imposible seguir el trámite legislativo en el Parlamento debido a circunstancias excepcionales.
Es dable aclarar que el Ejecutivo se encuentra inhibido de legislar, a pesar de la urgencia, sobre cuestiones tributarias, penales, electorales y acerca de partidos políticos.
En síntesis la Constitución dispone como regla general que el Poder Ejecutivo no podrá convertirse en legislador bajo pena de nulidad absoluta e insanable y asimismo establece que excepcionalmente, cuando exista urgencia y necesidad, respecto de ciertas materias podrá adoptar ese rol.
En el reciente fallo 'Pinedo Federico -Inc. Med.- (8-1-10) y otros c/ EN - Dto. 2010/09 s/ proceso de conocimiento' se determina que los diputados de la Coalición Cívica y el PRO que plantearon la medida cautelar a efectos de impedir la disponibilidad de reservas para el pago de deuda externa se encuentran legitimados a ello.
En caso de que se ejecutara la decisión del Ejecutivo sin oír las voces de los representantes del pueblo, la función de estos se tornaría ilusoria.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal cita un precedente de la Corte Suprema a fin de recordar el espíritu de la última reforma constitucional respecto de los límites a la legislación delegada y la trascendencia institucional del respeto por la división de poderes: "los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones de gobierno, que constituyen uno de los contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido los arts. 23, 76 y 99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto proviene de abusos gestados en la concentración de poder. Considérese que la reforma fue fruto de la voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder judicial. En este sentido en el artículo 99 inciso 3°, segundo párrafo, contiene la regla general que expresa que en principio en términos categóricos: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo" (conf. C.S.J.N., in re "Verrocchi Enzo Daniel c/ PEN - ANA sí acción de amparo", del 19/08/99).-
Asimismo la Cámara plantea que de los propios considerandos del Dec. 2010/09 surge que no existe urgencia alguna puesto que el fundamento del considerando 33 rezaba "si estas acciones no se llevaran a cabo se podría constituir en un factor crucial que dificultaría el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo”. Semejante contradicción junto a la omisión de la defensa legal del Estado Nacional de mencionar la fecha de los vencimientos de deuda permite a las juezas Clara Do Pico y Marta Herrera asegurar que no se trata de una cuestión de impostergable necesidad que habilite a gambetear al Congreso.
Los motivos valederos para que el Ejecutivo legisle de emergencia estarían representados por una ruptura del orden público, una guerra, el descalabro económico generalizado y el aseguramiento de la continuidad y supervivencia de la unión nacional.
No obstante lo resuelto por la Justicia, actualmente existen tensiones entre los legisladores que buscan de manera incesante la derogación del DNU 2010 y aquellos que intentan lograr la mayoría que permita su aprobación.
No es ocioso recordar que dice la ley 26.122 que reglamenta los DNU sobre la aprobación de los mismos. La Comisión Bicameral Permanente cuya función radica en analizar la validez de la legislación delegada y debe elevar el dictamen plenario a cada una de las Cámaras. A su vez resulta imperioso señalar que el art. 82 de la Constitución Nacional dispone que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, excluyendo la sanción tácita o ficta.
¿Qué dice la Cámara Contencioso Administrativa respecto de la convalidación de la legislación delegada? El precedente “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. v. Estado Nacional” del 13/3/08, Sala II dispuso que no corresponde atribuir al silencio legislativo ningún efecto que convalide el decreto y el hecho de que el mismo haya sido aprobado únicamente por la Cámara de Diputados implica que no supere por su forma el control de constitucionalidad al que se lo sometió.
La cruzada por las reservas puso en el centro de la escena la cuestión acerca de la legislación delegada el pueblo comienza a notar los vicios de su abuso.
Se ha convertido en una práctica usual de aquellos que ejercen el poder utilizar esta herramienta cuando no existe necesidad ni urgencia, desvirtuando de esta manera el espíritu que originó la misma y vulnerando a todas luces el principio republicano de gobierno. Lamentablemente la excepción se ha convertido en la regla general en desmedro de las instituciones. Todo ello provoca de manera irremediable el escepticismo de la opinión pública en la política como arte de modificar la realidad.
¿Para qué molestarse en expresar la voluntad a través del voto en elecciones legislativas si luego el Príncipe sorteará el debate parlamentario mediante un decreto con sustancia legislativa?
Resulta imperioso revertir esta tendencia para recuperar credibilidad en el sistema de división de poderes y recordar todos los días que el Estado de emergencia es inversamente proporcional al estado de Derecho.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118261/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161506/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162676/norma.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=826493
http://www.clarin.com/diario/2006/06/26/elpais/p-01010.htm
http://www.pablomanili.com.ar/art_delegacion.php
viernes, 19 de febrero de 2010
Ser voluntario
Idealistas.org, junto a la Revista Selecciones, lanzaron la campaña internacional “Ser Voluntario” dirigida a todas aquellas personas que realizaron prácticas de voluntariado en organizaciones sin fines de lucro de la comunidad hispanoparlante desde el comienzo de año de 2009 hasta el 16 de abril de 2010.
El objetivo de la campaña es brindar un espacio de difusión a las experiencias de voluntariado que se realizaron en el mundo, para así contagiar a más personas a sumarse como voluntarios y aportar un granito de arena para mejorar la comunidad mundial.
El voluntariado es una práctica solidaria por la cual las personas donan su tiempo y habilidades para ayudar a mejorar la comunidad sin esperar remuneración económica a cambio. La campaña está abierta a la participación de todas aquellas personas que realizaron prácticas de voluntariado desde las formas más variadas: presencial, virtual, corporativo, escolar y las áreas más diversas: educación, economía, ecología, gobierno, rse y otros.
Además podrán sumarse aquellos interesados que aún no realizaron prácticas de voluntario y quieran hacerlo durante estos meses. Para ello tendrán que elegir una institución donde brindar sus saberes, desde un club de barrio, un comedor, una biblioteca, una fundación, una escuela, o un grupo misionero, entre otros. Si no saben por dónde empezar, pueden buscar una en www.idealistas.org.
En ambos casos, el voluntario deberá enviar su testimonio y el responsable de la entidad firmar un certificado que incluya el nombre del voluntariado, el de la organización, la fecha y la cantidad de horas donadas. El certificado no tiene ningún valor oficial y está disponible en www.servoluntario.org, donde el voluntario deberá subir la foto y escribir en pocas líneas como ha sido su experiencia.
A partir de hoy y hasta el 16 de abril de 2010 las histoiras se están recibiendo desde el 7 de enero se estarán recibiendo los testimonios en www.servoluntario.org. Durante la semana del 15 de abril se realizará un reconocimiento a la labor voluntaria. Mediante un sistema de sorteo entre todas las personas participantes, se distinguirá una historia solidaria por país participante y que será difundida en nuestra red.
Acerca de Idealistas.org
Es una red global de personas que generan oportunidades de acción y colaboración, virtual y cara a cara, para alcanzar un mundo donde todos podamos vivir libre y dignamente. El sitio web cuenta con más de 90.000 organizaciones registradas en 198 países y más de medio millón de usuarios registrados en todo el mundo.
Acerca de Revista Selecciones
Selecciones desarrolló la sección Hagámoslo Juntos mediante la cual difunde historias de gente común que a través de sus acciones solidarias mejoran su vida y la de su comunidad.
Para más información:
Georgina Sticco, georgina@idealistas.org
Leonarfo Schiano, Leonardo_Schiano@readersdigest.com
Luisina Castiglioni, luisina@idealistas.org
www.servoluntario.org
www.idealistas.org
Tel. (5411) 5217-7689 int 123 / (011)15 6420 3157
El objetivo de la campaña es brindar un espacio de difusión a las experiencias de voluntariado que se realizaron en el mundo, para así contagiar a más personas a sumarse como voluntarios y aportar un granito de arena para mejorar la comunidad mundial.
El voluntariado es una práctica solidaria por la cual las personas donan su tiempo y habilidades para ayudar a mejorar la comunidad sin esperar remuneración económica a cambio. La campaña está abierta a la participación de todas aquellas personas que realizaron prácticas de voluntariado desde las formas más variadas: presencial, virtual, corporativo, escolar y las áreas más diversas: educación, economía, ecología, gobierno, rse y otros.
Además podrán sumarse aquellos interesados que aún no realizaron prácticas de voluntario y quieran hacerlo durante estos meses. Para ello tendrán que elegir una institución donde brindar sus saberes, desde un club de barrio, un comedor, una biblioteca, una fundación, una escuela, o un grupo misionero, entre otros. Si no saben por dónde empezar, pueden buscar una en www.idealistas.org.
En ambos casos, el voluntario deberá enviar su testimonio y el responsable de la entidad firmar un certificado que incluya el nombre del voluntariado, el de la organización, la fecha y la cantidad de horas donadas. El certificado no tiene ningún valor oficial y está disponible en www.servoluntario.org, donde el voluntario deberá subir la foto y escribir en pocas líneas como ha sido su experiencia.
A partir de hoy y hasta el 16 de abril de 2010 las histoiras se están recibiendo desde el 7 de enero se estarán recibiendo los testimonios en www.servoluntario.org. Durante la semana del 15 de abril se realizará un reconocimiento a la labor voluntaria. Mediante un sistema de sorteo entre todas las personas participantes, se distinguirá una historia solidaria por país participante y que será difundida en nuestra red.
Acerca de Idealistas.org
Es una red global de personas que generan oportunidades de acción y colaboración, virtual y cara a cara, para alcanzar un mundo donde todos podamos vivir libre y dignamente. El sitio web cuenta con más de 90.000 organizaciones registradas en 198 países y más de medio millón de usuarios registrados en todo el mundo.
Acerca de Revista Selecciones
Selecciones desarrolló la sección Hagámoslo Juntos mediante la cual difunde historias de gente común que a través de sus acciones solidarias mejoran su vida y la de su comunidad.
Para más información:
Georgina Sticco, georgina@idealistas.org
Leonarfo Schiano, Leonardo_Schiano@readersdigest.com
Luisina Castiglioni, luisina@idealistas.org
www.servoluntario.org
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Tel. (5411) 5217-7689 int 123 / (011)15 6420 3157
martes, 16 de febrero de 2010
Competencia Jean Pictet 2010
Mariana Rissetto, autora invitada de este blog jurídico en dos oportunidades ha sido seleccionada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para representar a la prestigiosa casa de altos estudios en la competencia de Derecho Internacional Humanitario Jean Pictet.
La referida competencia tendrá lugar en Canada entre el 20 y 24 de marzo de 2010. Los participantes deben adaptarse dinámicamente al role playing propuesto en idioma inglés y sumergirse en diversas argumentaciones según el papel que les toque interpretar.
Felicitaciones Mariana. Desde este modesto espacio te deseamos el mayor de los éxitos, al igual que a tus compañeros de equipo.
http://www.concourspictet.org/index_es.htm
http://justiciahorizontal.blogspot.com/2009/07/derecho-la-protesta-social-por-mariana.html
http://justiciahorizontal.blogspot.com/2008/10/la-energa-puede-ser-objeto-de-derechos.html
La referida competencia tendrá lugar en Canada entre el 20 y 24 de marzo de 2010. Los participantes deben adaptarse dinámicamente al role playing propuesto en idioma inglés y sumergirse en diversas argumentaciones según el papel que les toque interpretar.
Felicitaciones Mariana. Desde este modesto espacio te deseamos el mayor de los éxitos, al igual que a tus compañeros de equipo.
http://www.concourspictet.org/index_es.htm
http://justiciahorizontal.blogspot.com/2009/07/derecho-la-protesta-social-por-mariana.html
http://justiciahorizontal.blogspot.com/2008/10/la-energa-puede-ser-objeto-de-derechos.html
jueves, 4 de febrero de 2010
Modelo de contestación de demanda de divorcio. Reconvención
La Feria Judical ha finalizado y el Dr. Aureleano Buendia vuelve a calzarse el traje de "litigator". Su rival de turno resulta ser un hombre que inicia un divorcio por la causal objetiva a fin de evitar que su cónyugue participe de los bienes gananciales adquiridos por este durante la etapa que se han encontrado separados de hecho. Es por ello que el abogado blogger reconviene la demanda convirtiendo el proceso en contradictorio y ofreciendo prueba que revela el abuso de derecho intentado por el actor.
CONTESTA DEMANDA. RECONVIENE.
Señor Juez:
DANIELA ESTEVEZ, D.N.I. 21.247.324, por derecho propio, con domicilio real en Av. Cabildo No XX piso depto. “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Aureleano Buendia, abogado, To 100 Fo 45 CPACF, CUIT e Ingresos Brutos 29-31090453-3, tel: 4384-9202, (info@buendiaabogados.com.ar), constituyendo domicilio legal en la calle Lima 393, 6º piso, depto. C, zona 44, de esta Ciudad, en los autos caratulados “ROBERTO GARCIA C/ ESTEVEZ DANIELA S/ DIVORCIO” a V.S. me presento y respetuosamente digo:
I. OBJETO:
Que en legal tiempo y forma vengo a contestar demanda impetrada por Roberto Guillermo, solicitando su rechazo por las consideraciones de hecho y derecho a continuación expuestas, con costas. Asimismo vengo a reconvenir la referida demanda.
II. NEGATIVAS PARTICULARES:
Por imperativo procesal contenido en el art. 356 CPCCN vengo a negar todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento. Particularmente niego:
…que existieran causas graves que tornaran moralmente imposible la convivencia.
…que en el mes de septiembre de 2000 nos separamos.
…que transcurriera el plazo de mayor de tres años sin voluntad de unión.
…que se encuentren reunidos los requisitos del art. 214 inc. 2 del Cód. Civil.
…que el actor tenga como objetivo conferir mayor fluidez a la relación paterno filial.
…que el actor carezca de ingresos suficientes.
…que exista imposibilidad temporaria a fin que el actor pueda procurar un sueldo mayor.
…que no existan bienes inmuebles gananciales que integren la sociedad conyugal.
III. LA REALIDAD DE LOS HECHOS.
Con fecha 21 de octubre de 1994 contraje matrimonio con el accionante. De dicha unión nació nuestro hijo, Juan Roberto Lucas el 31 de octubre de 1996.
La convivencia resultó armoniosa hasta que el actor comenzó a comportarse negligentemente con mi persona y su propio hijo. Dicha conducta se tradujo en arribar al hogar tarde o inclusive dormir afuera del mismo algunas noches argumentando que el cúmulo de tareas lo obligaba a quedarse en la oficina.
La situación descripta generó desconfianza en mí respecto de las razones que motivaban sus acciones. Asimismo existieron fuertes discusiones no solo por este motivo sino porque el actor se negaba a pasarme dinero para atender las necesidades del hogar en una clarísima omisión de sus deberes como buen padre de familia.
Es dable aclarar que el actor trabajaba para un prestigioso estudio contable mientras que yo me dedicaba a la crianza de nuestro hijo. Así lo acordamos cuando el menor nació y el actor acostumbraba darme el 50% de su remuneración para que los administrara conforme los gastos necesarios para el mantenimiento del hogar conyugal.
En atención a las desavenencias citadas supra propuse al actor comenzar una terapia de pareja a fin de superar la crisis matrimonial que nos envolvía. De esta manera, en julio de 2000 comenzamos a acudir al consultorio del Licenciado en Psicología Esteban Perelman a fin de reencauzar la pareja.
En las sesiones semanales el actor guardaba prolongados silencios en lugar de dialogar. Idéntica situación aconteció en el hogar durante dos meses hasta que en septiembre de 2000 súbitamente decidió retirarse del hogar conyugal. Es decir a dos meses de iniciada la terapia de pareja, decidió unilateralmente abstraerse de sus obligaciones materiales y afectivas respecto del menor y de mi persona.
En lo referente al régimen de visitas, el actor debería ocurrir por la vía que corresponda y no concentrar dicha petición con la presente demanda de divorcio.
IV. PLANTEA RECONVENCION.
En virtud de lo expuesto no estamos en presencia de un divorcio por la causal objetiva de separación de hecho conf. art. 214 inc. 2 C.C. En efecto, vengo a reconvenir la demanda conf. art. 237 C.C. solicitando a V.S. decrete divorcio vincular por la causal subjetiva de abandono voluntario y malicioso conf. art. 202 inc. 5 y 214 inc. 1 C.C.
Actualmente, la jurisprudencia entiende que probado el alejamiento incumbe al cónyugue que abandona el hogar conyugal demostrar que tuvo causas legítimas y valederas para adoptar esa actitud.[1]
La cohabitación no es el único deber legal incumplido por el actor. Asimismo incumplió su obligación alimentaria derivada de la patria potestad, vulnerando a su vez el principio del superior interés del niño dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, que goza de garantía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).
Dicha omisión tuvo como resultado el inicio de la actuaciones “DANIELA ESTEVEZ C/ ROBERTO GARCIA S/ ALIMENTOS” en trámite ante Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 9.
En el libelo de inicio el actor afirma falazmente que su carencia de ingresos suficientes le impide dar cumplimiento con la cuota alimentaria fijada judicialmente. La referida afirmación dista considerablemente de la realidad sobre el caudal económico actual del alimentante.
En efecto del sitio web www.consultoracero.com.ar surge que el actor es en la actualidad uno de los socios de la consultora en asuntos contables. Su prestigio y su remuneración han ido in crescendo a partir de la publicación de su libro “Los mitos de la contabilidad creativa”, publicado por Ed. La Ley en el año 2006.
Indubitablemente la pretensión del actor de que se dicte sentencia de divorcio vincular de conformidad con la causal objetiva dispuesta en el art. 214 inc. 2 C.C. representa un intento de evitar las consecuencias patrimoniales que debería afrontar al ser declarada su culpabilidad por la causal de abandono voluntario y malicioso.
El Fallo Plenario “C. , G. T. c/ A., J. O. s/ Liquidación de Sociedad Conyugal” ha dispuesto: “En suma, si la sentencia de divorcio o separación personal se dicta con fundamento en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá derecho a participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separación de hecho”.[2]
El actor no solo busca evadirse de la obligación alimentaria respecto del cónyugue inocente (art. 207 C.C.) sino que además intenta, mediante un flagrante abuso de derecho, evitar mi participación en los derechos intelectuales de su obra “Los mitos de la contabilidad creativa”.
No es ocioso recordar que el art. 1272 C.C. estipula que si bien los derechos intelectuales son propios del autor, el producido de ellos durante la vigencia de la sociedad conyugal es ganancial. Asimismo el mismo artículo dispone que los frutos civiles de la profesión tienen carácter ganancial.
En consideración de lo expuesto, solicito se haga lugar a la reconvención de la demanda, declarando divorcio vincular por la causal de abandono voluntario y malicioso.
V. PRUEBA.
Confesional:
Solicito se cite al actor a fin de absolver posiciones, reconocer firmas, y documentación y a responder a tenor del respectivo pliego que oportunamente se acompañarán, todo ello bajo apercibimiento legal en caso de incomparecencia.
Documental:
Que en los términos del art. 188 CPCN solicito acumulación con los autos “DANIELA ESTEVEZ C/ ROBERTO GARCIA S/ ALIMENTOS”.
Se acompaña al presente copia del sitio web www.consultoracero.com.ar
Informativa:
· Solicito se libre oficio al Licenciado en Psicología Esteban Perelman a fin de que informe en que fechas el actor acudió a fin de realizar terapia de pareja.
· Se libre oficio a NIC Argentina a fin de que informe acerca de la autenticidad de las copia acompañada del sitio web www.consultoracer.com.ar
· Se libre oficio a Ed. La Ley a fin de que informe datos del autor de la obra “Los mitos de la contabilidad creativa”, fecha de publicación, posición que ocupa entre los libros vendidos de la Editorial.
Testimonial:
Que vengo a ofrecer los siguientes testigos:
· Olga Wainrach, DNI 15.012.438, con domicilio en Hipólito Irigoyen 950, San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
· Sara Boedo, DNI 21.085.497, con domicilio en General Roca 200, San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
· Rubén Útge, DNI 28.142.998, con domicilio en Hipólito Irigoyen 966, C.A.B.A.
VI. DERECHO
Fundo mi derecho en los art. 202 inc. 4to, 214 inc. 1, 207, 237, 1272 C.C., 188, 377 CPCCN, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.
VI. PETITORIO.
a) Me tenga por presentada, por parte y constituido el domicilio legal indicado.
b) Tenga por contestada la demanda y por presentada la reconvención.
c) Se resuelva el pedido de acumulación.
d) Oportunamente haga lugar a la reconvención en todas sus partes con costas al demandado.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA
[1] CNCiv, Sala A, 25/9/97, LL 1998-D-737.
[2] CNCiv, en pleno, 29/9/99, LL, 1999-F-3; JA, 2000-I-557, y ED, 185-374.
CONTESTA DEMANDA. RECONVIENE.
Señor Juez:
DANIELA ESTEVEZ, D.N.I. 21.247.324, por derecho propio, con domicilio real en Av. Cabildo No XX piso depto. “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Aureleano Buendia, abogado, To 100 Fo 45 CPACF, CUIT e Ingresos Brutos 29-31090453-3, tel: 4384-9202, (info@buendiaabogados.com.ar), constituyendo domicilio legal en la calle Lima 393, 6º piso, depto. C, zona 44, de esta Ciudad, en los autos caratulados “ROBERTO GARCIA C/ ESTEVEZ DANIELA S/ DIVORCIO” a V.S. me presento y respetuosamente digo:
I. OBJETO:
Que en legal tiempo y forma vengo a contestar demanda impetrada por Roberto Guillermo, solicitando su rechazo por las consideraciones de hecho y derecho a continuación expuestas, con costas. Asimismo vengo a reconvenir la referida demanda.
II. NEGATIVAS PARTICULARES:
Por imperativo procesal contenido en el art. 356 CPCCN vengo a negar todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento. Particularmente niego:
…que existieran causas graves que tornaran moralmente imposible la convivencia.
…que en el mes de septiembre de 2000 nos separamos.
…que transcurriera el plazo de mayor de tres años sin voluntad de unión.
…que se encuentren reunidos los requisitos del art. 214 inc. 2 del Cód. Civil.
…que el actor tenga como objetivo conferir mayor fluidez a la relación paterno filial.
…que el actor carezca de ingresos suficientes.
…que exista imposibilidad temporaria a fin que el actor pueda procurar un sueldo mayor.
…que no existan bienes inmuebles gananciales que integren la sociedad conyugal.
III. LA REALIDAD DE LOS HECHOS.
Con fecha 21 de octubre de 1994 contraje matrimonio con el accionante. De dicha unión nació nuestro hijo, Juan Roberto Lucas el 31 de octubre de 1996.
La convivencia resultó armoniosa hasta que el actor comenzó a comportarse negligentemente con mi persona y su propio hijo. Dicha conducta se tradujo en arribar al hogar tarde o inclusive dormir afuera del mismo algunas noches argumentando que el cúmulo de tareas lo obligaba a quedarse en la oficina.
La situación descripta generó desconfianza en mí respecto de las razones que motivaban sus acciones. Asimismo existieron fuertes discusiones no solo por este motivo sino porque el actor se negaba a pasarme dinero para atender las necesidades del hogar en una clarísima omisión de sus deberes como buen padre de familia.
Es dable aclarar que el actor trabajaba para un prestigioso estudio contable mientras que yo me dedicaba a la crianza de nuestro hijo. Así lo acordamos cuando el menor nació y el actor acostumbraba darme el 50% de su remuneración para que los administrara conforme los gastos necesarios para el mantenimiento del hogar conyugal.
En atención a las desavenencias citadas supra propuse al actor comenzar una terapia de pareja a fin de superar la crisis matrimonial que nos envolvía. De esta manera, en julio de 2000 comenzamos a acudir al consultorio del Licenciado en Psicología Esteban Perelman a fin de reencauzar la pareja.
En las sesiones semanales el actor guardaba prolongados silencios en lugar de dialogar. Idéntica situación aconteció en el hogar durante dos meses hasta que en septiembre de 2000 súbitamente decidió retirarse del hogar conyugal. Es decir a dos meses de iniciada la terapia de pareja, decidió unilateralmente abstraerse de sus obligaciones materiales y afectivas respecto del menor y de mi persona.
En lo referente al régimen de visitas, el actor debería ocurrir por la vía que corresponda y no concentrar dicha petición con la presente demanda de divorcio.
IV. PLANTEA RECONVENCION.
En virtud de lo expuesto no estamos en presencia de un divorcio por la causal objetiva de separación de hecho conf. art. 214 inc. 2 C.C. En efecto, vengo a reconvenir la demanda conf. art. 237 C.C. solicitando a V.S. decrete divorcio vincular por la causal subjetiva de abandono voluntario y malicioso conf. art. 202 inc. 5 y 214 inc. 1 C.C.
Actualmente, la jurisprudencia entiende que probado el alejamiento incumbe al cónyugue que abandona el hogar conyugal demostrar que tuvo causas legítimas y valederas para adoptar esa actitud.[1]
La cohabitación no es el único deber legal incumplido por el actor. Asimismo incumplió su obligación alimentaria derivada de la patria potestad, vulnerando a su vez el principio del superior interés del niño dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, que goza de garantía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).
Dicha omisión tuvo como resultado el inicio de la actuaciones “DANIELA ESTEVEZ C/ ROBERTO GARCIA S/ ALIMENTOS” en trámite ante Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 9.
En el libelo de inicio el actor afirma falazmente que su carencia de ingresos suficientes le impide dar cumplimiento con la cuota alimentaria fijada judicialmente. La referida afirmación dista considerablemente de la realidad sobre el caudal económico actual del alimentante.
En efecto del sitio web www.consultoracero.com.ar surge que el actor es en la actualidad uno de los socios de la consultora en asuntos contables. Su prestigio y su remuneración han ido in crescendo a partir de la publicación de su libro “Los mitos de la contabilidad creativa”, publicado por Ed. La Ley en el año 2006.
Indubitablemente la pretensión del actor de que se dicte sentencia de divorcio vincular de conformidad con la causal objetiva dispuesta en el art. 214 inc. 2 C.C. representa un intento de evitar las consecuencias patrimoniales que debería afrontar al ser declarada su culpabilidad por la causal de abandono voluntario y malicioso.
El Fallo Plenario “C. , G. T. c/ A., J. O. s/ Liquidación de Sociedad Conyugal” ha dispuesto: “En suma, si la sentencia de divorcio o separación personal se dicta con fundamento en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá derecho a participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separación de hecho”.[2]
El actor no solo busca evadirse de la obligación alimentaria respecto del cónyugue inocente (art. 207 C.C.) sino que además intenta, mediante un flagrante abuso de derecho, evitar mi participación en los derechos intelectuales de su obra “Los mitos de la contabilidad creativa”.
No es ocioso recordar que el art. 1272 C.C. estipula que si bien los derechos intelectuales son propios del autor, el producido de ellos durante la vigencia de la sociedad conyugal es ganancial. Asimismo el mismo artículo dispone que los frutos civiles de la profesión tienen carácter ganancial.
En consideración de lo expuesto, solicito se haga lugar a la reconvención de la demanda, declarando divorcio vincular por la causal de abandono voluntario y malicioso.
V. PRUEBA.
Confesional:
Solicito se cite al actor a fin de absolver posiciones, reconocer firmas, y documentación y a responder a tenor del respectivo pliego que oportunamente se acompañarán, todo ello bajo apercibimiento legal en caso de incomparecencia.
Documental:
Que en los términos del art. 188 CPCN solicito acumulación con los autos “DANIELA ESTEVEZ C/ ROBERTO GARCIA S/ ALIMENTOS”.
Se acompaña al presente copia del sitio web www.consultoracero.com.ar
Informativa:
· Solicito se libre oficio al Licenciado en Psicología Esteban Perelman a fin de que informe en que fechas el actor acudió a fin de realizar terapia de pareja.
· Se libre oficio a NIC Argentina a fin de que informe acerca de la autenticidad de las copia acompañada del sitio web www.consultoracer.com.ar
· Se libre oficio a Ed. La Ley a fin de que informe datos del autor de la obra “Los mitos de la contabilidad creativa”, fecha de publicación, posición que ocupa entre los libros vendidos de la Editorial.
Testimonial:
Que vengo a ofrecer los siguientes testigos:
· Olga Wainrach, DNI 15.012.438, con domicilio en Hipólito Irigoyen 950, San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
· Sara Boedo, DNI 21.085.497, con domicilio en General Roca 200, San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
· Rubén Útge, DNI 28.142.998, con domicilio en Hipólito Irigoyen 966, C.A.B.A.
VI. DERECHO
Fundo mi derecho en los art. 202 inc. 4to, 214 inc. 1, 207, 237, 1272 C.C., 188, 377 CPCCN, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.
VI. PETITORIO.
a) Me tenga por presentada, por parte y constituido el domicilio legal indicado.
b) Tenga por contestada la demanda y por presentada la reconvención.
c) Se resuelva el pedido de acumulación.
d) Oportunamente haga lugar a la reconvención en todas sus partes con costas al demandado.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA
[1] CNCiv, Sala A, 25/9/97, LL 1998-D-737.
[2] CNCiv, en pleno, 29/9/99, LL, 1999-F-3; JA, 2000-I-557, y ED, 185-374.
viernes, 8 de enero de 2010
Teoría contaminada del Derecho
Esta humilde reflexión representa un repaso por las principales escuelas de pensamiento del Derecho y a la vez un intento de crítica constructiva a Hans Kelsen, defensor de la escuela positivista y autor de “Teoría Pura del Derecho”. Obra perteneciente a la Filosofía del Derecho que resulta imposible evitar para cualquier estudiante que transita las primeras materias de la carrera de Abogacía.
El positivismo es una doctrina que se basa únicamente en la norma jurídica, en la ley escrita en el Derecho positivo. No le importa ningún otro aspecto como pueden ser la moral, las ideas o la política y resulta de vigencia obligatoria por su sola sanción legislativa.
Las ideas de Kelsen pueden representarse con la frase “la ley es la ley” debido a que según él hay que aplicarla sin importar que sea buena o mala, justa o injusta. Por el contrario, el Derecho Natural plantea un conjunto de reglas universales e inmutables fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios y en la recta razón. Como decía Cicerón: “es la recta razón la que orienta a los hombres al bien y los aleja del mal”.
El Derecho Natural se traduce en grandes principios que resultan inmutables a lo largo de la historia. Para esta escuela de pensamiento el Derecho y la Moral no solo van de la mano sino que son inseparables.
Una norma va a ser justa cuando se adecue a la regla de la razón. Precisamente, Santo Tomás de Aquino, expositor de la ley natural, defendía la idea de que cuando una norma no era justa, no era ley. Ergo, la injusticia de la norma justificaría su desobediencia.
El iusnaturalismo contó también con la adhesión de Aristoteles, el filósofo del justo medio, cuyo ideal era una sociedad (POLITEIA) dónde no existan personas demasiado ricas ni demasiado pobres y dónde la propiedad privada estuviese bien distribuida. Para él las formas puras de gobierno son aquellas que están orientadas al bien común.
Por su parte, Kelsen como buen positivista, defiende a ultranza la codificación del Derecho dejando de lado las valoraciones morales que puedan existir en una sociedad. Entiendo que dicha filosofía se encuentra equivocada y por eso me animo a escribir esta teoría contaminada del derecho. ¿Por qué contaminada? Porque esa sería la palabra que utilizaría Kelsen para describir las pasiones, ideas y valores que estuvieran opuestos al derecho positivo de determinada época.
Resulta irónico que muchas veces los ideales preponderantes de una sociedad no se vean reflejados en las leyes en atención a que los representantes del pueblo son incapaces de ver más allá de la agenda que les impone el príncipe siendo indiferentes ante el bienestar general.
También puede acontecer que una norma provoque un enorme rechazo popular como ha ocurrido a lo largo de la historia con las rebeliones fiscales.
En efecto, el Derecho no es una ciencia puramente descriptiva y valorativamente neutra como afirma Kelsen. Al contrario, el Derecho, al ser creado por seres humanos y no por semidioses resulta estar contaminado de ideologías, prejuicios y reiteradas equivocaciones. Prueba de ello es la dinámica con la que se modifica la legislación y lo que hasta ayer parecía correcto hoy ya no sirve. Es dable resaltar que sendos cambios legislativos suelen estar motivados por conveniencia política del poder de turno.
A mayor abundamiento la ley no debe ser interpretada solo literalmente sino que es necesario conocer su espíritu, saber que es lo que la motiva para poder entenderla en su completitud.
El Derecho positivo debería derivarse del Derecho Natural. Pero ¿qué sucede cuando el Derecho positivo es arbitrario? ¿Debe ser desconocido como postula el iusnaturalismo?
Indubitablemente si existe una ley injusta, que afecta al bien común, debería ser cambiada por una ley que tutele el interés general. La desobediencia reiterada nos lleva a la indiferencia por el sistema de normas que rige a una sociedad, la anomia. Sobre esta penosa situación que aqueja hace largo tiempo a nuestra sociedad recomiendo la lectura de “Un país al margen de la ley” de Carlos Santiago Nino.
La falta de respeto por la ley no nos brinda libertad sino que nos convierte en esclavos del discrecionalismo absoluto dónde los derechos se convierten en una mera expresión de deseos.
Este artículo lo escribí en mi primer año de la Facultad. Ahora lo he modificado parcialmente de acuerdo algunos puntos de vista distintos que he adoptado. En ese momento me consideraba un iusnaturalista a ultranza e hiper crítico del positivismo.
En la actualidad me he convertido en un positivista. No es ocioso aclarar que mi concepción dista de manera considerable de entender al Derecho como una ciencia desprovista de juicios de valor tal como postula Kelsen.
Si pensara igual que este autor mi frase cabecera sería “prohibido pensar que ya todo esta escrito”. De nada sirve repetir fórmulas prefijadas sino creemos en ellas y no son respetadas en lo más mínimo. Sin embargo yo propongo que nos hagamos escuchar y cuando las leyes nos asfixien reclamemos ante el Parlamento a efectos de que las modifiquen o ante la Justicia a fin de que realice el control de constitucionalidad y legalidad sobre la norma. Para ello resulta imprescindible que recuperemos el respeto por la ley, que la conozcamos y la reivindiquemos. Caso contrario seguiremos alimentando la corrupción, el abuso de poder, la incertidumbre, la desconfianza e inseguridad entre otros males.
El respeto por la ley es la base para la reconstrucción de nuestra sociedad. Como dijo Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antigüas y luego de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.
El positivismo es una doctrina que se basa únicamente en la norma jurídica, en la ley escrita en el Derecho positivo. No le importa ningún otro aspecto como pueden ser la moral, las ideas o la política y resulta de vigencia obligatoria por su sola sanción legislativa.
Las ideas de Kelsen pueden representarse con la frase “la ley es la ley” debido a que según él hay que aplicarla sin importar que sea buena o mala, justa o injusta. Por el contrario, el Derecho Natural plantea un conjunto de reglas universales e inmutables fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios y en la recta razón. Como decía Cicerón: “es la recta razón la que orienta a los hombres al bien y los aleja del mal”.
El Derecho Natural se traduce en grandes principios que resultan inmutables a lo largo de la historia. Para esta escuela de pensamiento el Derecho y la Moral no solo van de la mano sino que son inseparables.
Una norma va a ser justa cuando se adecue a la regla de la razón. Precisamente, Santo Tomás de Aquino, expositor de la ley natural, defendía la idea de que cuando una norma no era justa, no era ley. Ergo, la injusticia de la norma justificaría su desobediencia.
El iusnaturalismo contó también con la adhesión de Aristoteles, el filósofo del justo medio, cuyo ideal era una sociedad (POLITEIA) dónde no existan personas demasiado ricas ni demasiado pobres y dónde la propiedad privada estuviese bien distribuida. Para él las formas puras de gobierno son aquellas que están orientadas al bien común.
Por su parte, Kelsen como buen positivista, defiende a ultranza la codificación del Derecho dejando de lado las valoraciones morales que puedan existir en una sociedad. Entiendo que dicha filosofía se encuentra equivocada y por eso me animo a escribir esta teoría contaminada del derecho. ¿Por qué contaminada? Porque esa sería la palabra que utilizaría Kelsen para describir las pasiones, ideas y valores que estuvieran opuestos al derecho positivo de determinada época.
Resulta irónico que muchas veces los ideales preponderantes de una sociedad no se vean reflejados en las leyes en atención a que los representantes del pueblo son incapaces de ver más allá de la agenda que les impone el príncipe siendo indiferentes ante el bienestar general.
También puede acontecer que una norma provoque un enorme rechazo popular como ha ocurrido a lo largo de la historia con las rebeliones fiscales.
En efecto, el Derecho no es una ciencia puramente descriptiva y valorativamente neutra como afirma Kelsen. Al contrario, el Derecho, al ser creado por seres humanos y no por semidioses resulta estar contaminado de ideologías, prejuicios y reiteradas equivocaciones. Prueba de ello es la dinámica con la que se modifica la legislación y lo que hasta ayer parecía correcto hoy ya no sirve. Es dable resaltar que sendos cambios legislativos suelen estar motivados por conveniencia política del poder de turno.
A mayor abundamiento la ley no debe ser interpretada solo literalmente sino que es necesario conocer su espíritu, saber que es lo que la motiva para poder entenderla en su completitud.
El Derecho positivo debería derivarse del Derecho Natural. Pero ¿qué sucede cuando el Derecho positivo es arbitrario? ¿Debe ser desconocido como postula el iusnaturalismo?
Indubitablemente si existe una ley injusta, que afecta al bien común, debería ser cambiada por una ley que tutele el interés general. La desobediencia reiterada nos lleva a la indiferencia por el sistema de normas que rige a una sociedad, la anomia. Sobre esta penosa situación que aqueja hace largo tiempo a nuestra sociedad recomiendo la lectura de “Un país al margen de la ley” de Carlos Santiago Nino.
La falta de respeto por la ley no nos brinda libertad sino que nos convierte en esclavos del discrecionalismo absoluto dónde los derechos se convierten en una mera expresión de deseos.
Este artículo lo escribí en mi primer año de la Facultad. Ahora lo he modificado parcialmente de acuerdo algunos puntos de vista distintos que he adoptado. En ese momento me consideraba un iusnaturalista a ultranza e hiper crítico del positivismo.
En la actualidad me he convertido en un positivista. No es ocioso aclarar que mi concepción dista de manera considerable de entender al Derecho como una ciencia desprovista de juicios de valor tal como postula Kelsen.
Si pensara igual que este autor mi frase cabecera sería “prohibido pensar que ya todo esta escrito”. De nada sirve repetir fórmulas prefijadas sino creemos en ellas y no son respetadas en lo más mínimo. Sin embargo yo propongo que nos hagamos escuchar y cuando las leyes nos asfixien reclamemos ante el Parlamento a efectos de que las modifiquen o ante la Justicia a fin de que realice el control de constitucionalidad y legalidad sobre la norma. Para ello resulta imprescindible que recuperemos el respeto por la ley, que la conozcamos y la reivindiquemos. Caso contrario seguiremos alimentando la corrupción, el abuso de poder, la incertidumbre, la desconfianza e inseguridad entre otros males.
El respeto por la ley es la base para la reconstrucción de nuestra sociedad. Como dijo Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antigüas y luego de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.
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